En Comodoro Rivadavia, el escándalo por las tierras que fueran adjudicadas a la empresa Edisud en una extensión de 15.000 m2 en barrio Acceso Sur (titular Torraca) expone una trama de favores políticos y silencios bien pagos.
En el análisis que se está realizando para dejar sin efecto la adjudicación y el retiro de dichas tierras por incumplimiento en dicha adjudicación, la diputada nacional Ana Clara Romero, del PRO, ordenó a sus concejales, no opinar sobre el tema y de ser necesario, votar en defensa de la familia Torraca, beneficiaria del predio de 15 mil metros cuadrados entregado por el exintendente Néstor Di Pierro a precio de 1,5 millones de pesos, en plan de 60 cuotas en el año 2015, plan que caducó por incumplimiento.
La maniobra estalla en la cara de la actual gestión de Othar Macharashvili, que busca recuperar el lote, por incumplimiento de la empresa, en las obligaciones de construcción para lo cual fue solicitado.
Mientras a muchos vecinos trabajadores que no han logrado construir su vivienda durante un lapso de tiempo, se le quitan terrenos de 200 m², a Torraca se le protege un predio 70 veces mayor.
El vínculo no es casual: Romero es amiga íntima y excompañera de colegio de los
hermanos Torraca,
un nexo personal que hoy se traduce en respaldo político.
El lobby para blindar el negocio ya viene desde la intendencia de Luque, ya que dos de los dictámenes negativos para Edisud, vienen de su gestion.
La versión que recorre pasillos y cafés del poder es una sola: hubo plata de coima.
Pero el escándalo no se sostiene solo por los beneficiados, sino por quienes callan. Los concejales que responden a la actual diputada nacional y candidata a a renovar la banca por “Despierta Chubut”, Ana Clara Romero, mantienen un silencio disciplinado, alineados con la orden de no tocar el caso.
En política, cuando todos callan al mismo tiempo, no es coincidencia: es pacto.
En este caso, la política no defiende al pueblo: defiende al socio y amigo, se llama corrupción.