Las universidades vuelven a las calles tras el fracaso de la paritaria con el Gobierno nacional y el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento. Con clases públicas, paros rotativos y una marcha el próximo 15 de octubre, vuelven a poner en el centro del debate la brecha entre las partidas necesarias para el funcionamiento y el presupuesto proyectado para el próximo año. Mientras el ajuste en Educación perfora mínimos históricos, el Gobierno de Javier Milei mantiene su postura de incumplimiento frente a las medidas judiciales ratificadas por la Corte Suprema.
Las cifras de la caída
En el marco 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) el 4 de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó su proyecto de presupuesto 2027. La propuesta, enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación de acuerdo a los plazos previstos, prevé una suma de 11 billones de pesos.
Según expresó Mónica Biasone, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo y rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), el proyecto «no es más que la expresión de lo que necesitamos para funcionar y para seguir existiendo como sistema».
Las autoridades del CIN se refirieron a una situación «muy crítica» del sistema universitario y científico, y adelantaron que sin un presupuesto «razonable» para 2027 será difícil funcionar. En la misma línea, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la cautelar respaldada por la justicia, que establece la actualización de salarios y becas.
Al igual que años anteriores, el número propuesto por el CIN -que contempla las necesidades presupuestarias de la totalidad de universidades nacionales del país- contrasta con las proyecciones del Ejecutivo.
El pasado 15 de septiembre el Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027, el cual, lejos de apostar al sostenimiento de las universidades, profundiza el ajuste. La asignación para el próximo año asciende a $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas, lo que abre una brecha millonaria con la cifra estimada por el CIN. Esta brecha, según afirmó el presidente del CIN, Franco Bartolacci, se debe a que la propuesta oficial no contempla los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, la normativa aprobada en octubre del año pasado que todavía no se cumple.
La cifra representa un aumento de poco más de 3 billones de pesos respecto al presupuesto del 2026, pero en términos reales implica una caída del 27% respecto del 2023. De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, 2027 sería el cuarto año consecutivo en que los recursos se mantendrían al menos un 25% por debajo del nivel real del 2023, y respecto de 2026 volverían a disminuir un 2,3%.
El ajuste en el sistema universitario y científico se inscribe en una caída general de las partidas destinadas a Educación. Según análisis del CEPA a partir del presupuesto 2027, algunos ítems dentro de las partidas educativas registran caídas superiores al 90% respecto a 2023. En Infraestructura y Equipamiento, por ejemplo, la caída es del 94,1%. Le siguen la gestión y asignación de becas a estudiantes (-79,4%), las acciones de formación docente (-87,6%) y el desarrollo de la Educación Superior (-32,7%). Otros programas, como Conectar Igualdad, muestran una caída del 100% respecto al 2023.
Según el análisis realizado por Chequeado, el gasto en la función presupuestaria Educación y Cultura previsto para 2027 equivale al 0,77% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para ese año. Se trata de uno de los valores más bajos desde 2005.
En el caso de las universidades de la Patagonia Sur, para el ejercicio 2027 contemplan aumentos de entre el 32% y el 40%, en línea con la inflación acumulada del 2025. Sin embargo, los incrementos no logran subsanar la pérdida acumulada desde el 2023 y consolidan la fragilidad del sistema universitario y científico.
Caída en becas, comedores y ESI
El presupuesto del Gobierno nacional consolida además la caída en áreas clave como becas estudiantiles y programas. Las becas Progresar, por ejemplo, muestran una caída del 77,2% real respecto a 2023, a pesar de mostrar un incremento real del 10,7% respecto a 2026. Cabe señalar que el número de becas otorgadas sufrió una fuerte disminución en los últimos años: en 2027 se mantendrá en 595 mil, mismo número que el de este año, cayendo casi a la mitad respecto de las entregadas en 2023, que ascendían a poco más de 1 millón de beneficiarios.
Por otro lado, la asistencia a comedores escolares se mantendrá en términos reales (1,6% por encima de 2026), pero caerá 26,8% con respecto a 2023.
Por su parte, los aportes al programa de fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) se mantendrán congelados en $30 millones, lo que representa una caída real del 17,4% con respecto a 2026 y del 98,5% sobre 2023.
Otro de los ítems fuertemente afectados por el ajuste son los salarios docentes y no docentes. Según el informe elaborado por el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la UNL, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336%, ninguno de los cargos relevados logró una recomposición equivalente. Las pérdidas de poder adquisitivo oscilan entre el 13,3% y el 29%, según la categoría.
El acuerdo firmado en junio logró una recuperación parcial, con un incremento del 24% en dos tramos. Sin embargo, los trabajadores continúan alrededor de un 23% por debajo de los salarios de noviembre de 2023 en términos reales, y se proyectan reducciones acumuladas de entre el 20% y el 26%. En este sentido, y tras las negociaciones paritarias fallidas durante septiembre, persiste el reclamo por la recomposición salarial.
El plan de lucha, camino a la marcha
En este escenario, y tras el fracaso de las negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano, los docentes y no docentes universitarios adelantaron que se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre, además de 23 días de paros rotativos durante los próximos meses.
Cabe recordar que el proyecto presupuestario enviado por el Gobierno nacional todavía debe ser discutido por el Congreso, instancia en la que podrían incluirse modificaciones. Bartolacci adelantó que, de no haber cambios, las universidades podrían afrontar dificultades para el pago de salarios y el funcionamiento de servicios básicos el año próximo.
«Tenemos fallos judiciales respecto de la actualización de salario que estaban contenidos en la cautelar, orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aun así la ley no se cumple», remarcó.
El cumplimiento de la ley sigue siendo la columna vertebral del reclamo universitario, ya que la norma contempla actualizaciones presupuestarias en todas las áreas, asegurando una inversión sostenida en Educación y el funcionamiento adecuado de las actividades laborales y académicas. Mientras tanto, el déficit cero que proyecta el Gobierno para el próximo año sigue sosteniéndose sobre el ajuste del sistema universitario.