El conflicto institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de Sarmiento sumó un nuevo capítulo luego de que el procurador general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Marcos Fink, emitiera un dictamen que avala la intervención del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en la disputa política que afecta al cuerpo legislativo municipal.
El pronunciamiento quedó plasmado en el Dictamen N.º 001/2026, en el marco de una causa iniciada por concejales que cuestionan la designación del edil Rubén Camarda (PJ) como presidente del Concejo Deliberante.
Planteo de nulidad de los actos administrativos
En su dictamen, Fink sostiene que el máximo tribunal provincial tiene competencia para intervenir, al tratarse de un conflicto de poderes dentro del ámbito municipal.
Además, el procurador propuso declarar nulos los actos administrativos realizados por Camarda, cuya designación al frente del cuerpo legislativo se encuentra judicializada.
La presidencia del concejal peronista es cuestionada por distintos sectores políticos, entre ellos:
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concejales de Alternativa Vecinal Sarmiento,
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representantes de La Libertad Avanza,
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y también ediles pertenecientes al propio Partido Justicialista.
Quiénes impulsaron la presentación judicial
El planteo fue promovido por los concejales Martín Fernández, César Cuffoni y Micaela Quiroga, de Alternativa Vecinal; la edil libertaria Paola Aguiar; y la concejal del PJ Ana Reyes.
Posteriormente, la iniciativa también recibió el acompañamiento parcial de la concejal oficialista Natalia Rua, también integrante del PJ.
El dictamen considera admisible el planteo como conflicto institucional, lo que abre la posibilidad de suspender los actos cuestionados mientras avanza el proceso judicial.
La decisión final queda en manos del Superior Tribunal
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Chubut el encargado de analizar la legalidad de los procedimientos y determinar si corresponde anular las decisiones adoptadas dentro del Concejo Deliberante.
El conflicto político que atraviesa el órgano legislativo de Sarmiento ya comenzó a generar dificultades en el funcionamiento institucional, por lo que distintos sectores reclaman una resolución judicial rápida que permita normalizar la actividad del cuerpo deliberativo.
