El gremio de los chóferes advierte un «gris» en el pliego de licitación del transporte público. Culpan al municipio por no hacerse cargo de la totalidad del personal durante la transición de empresas.
Tras la finalización de las audiencias en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió declararse en estado de alerta y movilización. La medida responde a una diferencia en la nómina del personal que, según el gremio, genera incertidumbre sobre la continuidad de 75 empleados.
El referente local de la UTA, Alejandro Quintero, detalló que «las instancias se terminaron, esta semana estábamos esperando respuestas. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización ya que hay compañeros que van a quedar fuera de lo que es el traspaso del personal».
Según explicó el dirigente, la contradicción surge de los números contemplados en la licitación: «Se contradice con lo que dice el pliego: 121 unidades, 344 trabajadores, y hay un gris de 75 trabajadores que el municipio no se quieren hacer cargo. No tiene nada que ver la empresa saliente ni la que está por comenzar; el municipio dice que se debe tomar a los 344 trabajadores y no se está cumpliendo».
El dirigente gremial señaló que este grupo de choferes permanece postergado a la espera de que arriben colectivos adicionales a la ciudad, un punto que fue incorporado posteriormente mediante un anexo. Al respecto, Quintero remarcó que «hay un grupo del que se tiene que hacer cargo el municipio y no ha planteado una situación para mejorarlo».
Pese al malestar tras tres meses de gestiones, la UTA aclaró que la situación no afectará la rutina de los vecinos ni implicará interrupciones en las líneas de colectivo. «Nuestro mensaje es estar en estado de alerta y movilización a partir de hoy en adelante hasta que se resuelva la situación de los compañeros. No vamos a hacer medida de fuerza, el transporte público va a seguir funcionando; sí vamos a hacer una vigilia para ser escuchados», ratificó Quintero.
Finalmente, el referente deslindó de responsabilidades a la nueva operadora y dirigió el reclamo de forma exclusiva al Ejecutivo local, concluyendo que «hemos estado en reunión con la empresa y con el municipio, la discusión no es contra la empresa. Son tres meses de incertidumbre a ver si llegan las unidades o no, y los compañeros no tienen la culpa de que las unidades no estén en Comodoro».
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