Mientras las empresas y el Municipio siguen discutiendo por miles de millones de pesos en subsidios, los trabajadores de Patagonia Argentina llevan semanas reclamando salarios y liquidaciones adeudadas. Son 296 trabajadores afectados y la bronca crece. La pelea deja expuesta una contradicción de fondo: un sistema de transporte sostenido con recursos públicos que garantiza negocios empresarios, pero no el derecho elemental de los trabajadores a cobrar sus salarios.
El conflicto del transporte público de Comodoro Rivadavia volvió a profundizarse en los últimos días. El cambio de concesión que llevó a Sol Bus a hacerse cargo del servicio desde el 1° de agosto no resolvió la crisis: por el contrario, dejó una deuda salarial que todavía mantiene movilizados a cientos de trabajadores.
Los trabajadores de Patagonia Argentina reclaman el pago completo de los haberes correspondientes a julio, los días trabajados hasta la finalización de la concesión y las liquidaciones pendientes. Según los propios choferes, son alrededor de 296 trabajadores los alcanzados por la deuda.
Durante esta semana hubo movilizaciones, caminatas lentas, protestas sobre la Ruta 3 y concentraciones frente a organismos públicos. El jueves 20, una reunión en la Subsecretaría de Trabajo terminó sin acuerdo y los trabajadores volvieron a marchar por el centro de la ciudad.
La respuesta de los trabajadores fue clara: no aceptarán que se pague solamente una parte de la deuda mientras otros compañeros siguen sin cobrar.
Un conflicto que nadie quiere resolver
El Municipio sostiene que ya transfirió $1.000 millones a Patagonia Argentina como adelanto a cuenta de la liquidación final de julio. Según la información oficial, la empresa recibió efectivamente $981,6 millones después de las deducciones correspondientes. A su vez, el Municipio informó que existen otros $381,2 millones pendientes y que puso ese monto a disposición de la Subsecretaría de Trabajo para evaluar su retención y eventual destino directo al pago de salarios.
Pero Patagonia Argentina sostiene otra versión. La empresa afirma que el subsidio correspondiente a julio ascendía a unos $2.496 millones y que solamente recibió $1.000 millones, por lo que no tendría fondos suficientes para afrontar todas sus obligaciones.
Así, mientras Municipio y empresa intercambian acusaciones y números, hay una realidad mucho más concreta: los trabajadores siguen sin cobrar.
El propio gerente de Patagonia Argentina, Atilio Rossi, reconoció que la empresa recibió cerca de $1.000 millones y que el monto resulta insuficiente para afrontar la totalidad de los salarios.
Y el 21 de agosto el intendente Othar Macharashvili anunció que el Municipio aportaría otros $370/380 millones para intentar destrabar el conflicto.
Pero para los trabajadores el problema sigue siendo el mismo: la plata tiene que llegar a sus bolsillos y tiene que llegar completa.
“La lucha termina cuando cobre el último compañero”
Ese planteo apareció con fuerza durante las últimas movilizaciones. Jorge Valdez, uno de los trabajadores que encabeza el reclamo, cuestionó que se pretendiera avanzar con pagos parciales. Según explicó, la empresa habría informado inicialmente el pago a 103 trabajadores sobre una nómina de 296. Su respuesta fue contundente: La lucha va a terminar cuando el último compañero cobre toda la plata que le deben”.
Esta definición es importante porque marca un cambio en la dinámica del conflicto.
No se trata solamente de esperar que Municipio, empresa y sindicato encuentren una salida administrativa. Los trabajadores comenzaron a tomar el conflicto en sus propias manos, organizándose, movilizándose y haciendo pública su situación.
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El conflicto del transporte público de Comodoro Rivadavia volvió a profundizarse en los últimos días. El cambio de concesión que llevó a Sol Bus a hacerse cargo del servicio desde el 1° de agosto no resolvió la crisis: por el contrario, dejó una deuda salarial que todavía mantiene movilizados a cientos de trabajadores.
Los trabajadores de Patagonia Argentina reclaman el pago completo de los haberes correspondientes a julio, los días trabajados hasta la finalización de la concesión y las liquidaciones pendientes. Según los propios choferes, son alrededor de 296 trabajadores los alcanzados por la deuda.
Durante esta semana hubo movilizaciones, caminatas lentas, protestas sobre la Ruta 3 y concentraciones frente a organismos públicos. El jueves 20, una reunión en la Subsecretaría de Trabajo terminó sin acuerdo y los trabajadores volvieron a marchar por el centro de la ciudad.
La respuesta de los trabajadores fue clara: no aceptarán que se pague solamente una parte de la deuda mientras otros compañeros siguen sin cobrar.
Un conflicto que nadie quiere resolver
El Municipio sostiene que ya transfirió $1.000 millones a Patagonia Argentina como adelanto a cuenta de la liquidación final de julio. Según la información oficial, la empresa recibió efectivamente $981,6 millones después de las deducciones correspondientes. A su vez, el Municipio informó que existen otros $381,2 millones pendientes y que puso ese monto a disposición de la Subsecretaría de Trabajo para evaluar su retención y eventual destino directo al pago de salarios.
Pero Patagonia Argentina sostiene otra versión. La empresa afirma que el subsidio correspondiente a julio ascendía a unos $2.496 millones y que solamente recibió $1.000 millones, por lo que no tendría fondos suficientes para afrontar todas sus obligaciones.
Así, mientras Municipio y empresa intercambian acusaciones y números, hay una realidad mucho más concreta: los trabajadores siguen sin cobrar.
El propio gerente de Patagonia Argentina, Atilio Rossi, reconoció que la empresa recibió cerca de $1.000 millones y que el monto resulta insuficiente para afrontar la totalidad de los salarios.
Y el 21 de agosto el intendente Othar Macharashvili anunció que el Municipio aportaría otros $370/380 millones para intentar destrabar el conflicto.
Pero para los trabajadores el problema sigue siendo el mismo: la plata tiene que llegar a sus bolsillos y tiene que llegar completa.
“La lucha termina cuando cobre el último compañero”
Ese planteo apareció con fuerza durante las últimas movilizaciones. Jorge Valdez, uno de los trabajadores que encabeza el reclamo, cuestionó que se pretendiera avanzar con pagos parciales. Según explicó, la empresa habría informado inicialmente el pago a 103 trabajadores sobre una nómina de 296. Su respuesta fue contundente: La lucha va a terminar cuando el último compañero cobre toda la plata que le deben”.
Esta definición es importante porque marca un cambio en la dinámica del conflicto.
No se trata solamente de esperar que Municipio, empresa y sindicato encuentren una salida administrativa. Los trabajadores comenzaron a tomar el conflicto en sus propias manos, organizándose, movilizándose y haciendo pública su situación.
El miércoles 19 habían denunciado que llevaban más de un mes sin cobrar. La protesta incluyó un corte sobre la Ruta 3 y una movilización hacia la Subsecretaría de Trabajo.
Al día siguiente volvieron a marchar luego de una audiencia sin acuerdo. Y el viernes 21 se conoció que rechazaban propuestas que no contemplaran a la totalidad del personal.
La consigna empieza a ser sencilla y poderosa: si hay plata para sostener el sistema, primero tienen que cobrar quienes trabajan.
“Cossio nos traicionó”
En medio de esta pelea también creció el cuestionamiento a la conducción de la UTA. Durante las movilizaciones, trabajadores de Patagonia Argentina expresaron públicamente su malestar con el secretario general de la seccional Comodoro Rivadavia, Juan Carlos Cossio.
Uno de los exchoferes llegó a definirlo como “un traidor” y sostuvo que los trabajadores se sienten solos frente a la empresa y el Municipio. También cuestionó la ausencia del dirigente en algunas de las movilizaciones.
Más allá de las responsabilidades individuales, lo que aparece es un problema político y sindical: cuando las bases tienen que salir a la calle para reclamar el salario y sienten que la conducción no está a la altura, la organización desde abajo comienza a ocupar un lugar central.
La UTA, además, tuvo que enfrentar distintos conflictos en simultáneo. Durante agosto hubo reclamos por los salarios de trabajadores de Sol Bus y también medidas de fuerza en Transporte Diadema.
El viernes 21, además, comenzó un paro de 48 horas de la UTA en el interior del país por un reclamo salarial y un bono compensatorio, afectando también el transporte de Comodoro Rivadavia.
Pero una cosa es una medida nacional y otra es la pelea específica que los trabajadores de Patagonia vienen sosteniendo: que se pague la totalidad de la deuda y que ningún compañero quede afuera.
El cambio de concesión no puede significar pérdida de derechos
La llegada de Sol Bus había sido presentada como una nueva etapa para el transporte público de Comodoro.
Sin embargo, el traspaso dejó inicialmente entre 70 y 75 trabajadores sin una definición clara sobre su continuidad laboral. El nuevo esquema contemplaba una primera etapa con 95 unidades y 297 trabajadores, según lo informado durante las negociaciones previas.
La mayoría de los trabajadores pasó a la nueva concesionaria, pero el problema de quienes quedaron afuera mostró uno de los principales riesgos de estos procesos: que el cambio de empresa termine funcionando como una forma de fragmentar a los trabajadores y desconocer derechos adquiridos.
La antigüedad, los salarios, las indemnizaciones, las condiciones laborales y la continuidad no pueden quedar subordinadas a los intereses de la empresa que entra o de la que sale.
Si el servicio es público y funciona con enormes cantidades de recursos estatales, no puede aceptarse que cada cambio de concesión empiece de cero para los trabajadores.
¿Dónde están los millones?
El problema de fondo sigue siendo el mismo. El Municipio sostiene que transfirió $1.000 millones y prepara otros $381 millones. Patagonia afirma que necesita mucho más para cumplir con sus obligaciones. En el medio aparecen subsidios, estructuras de costos, documentación contable y liquidaciones.
Pero hay una pregunta que debería estar en el centro de la discusión:
¿Cómo puede ser que un sistema que recibe miles de millones de pesos de recursos públicos no pueda garantizar que sus trabajadores cobren el salario en tiempo y forma?
La respuesta no puede ser que falta plata
Porque plata hay. Lo que existe es un modelo donde el Estado transfiere recursos a empresas privadas y los trabajadores quedan sometidos a las disputas entre empresarios y funcionarios.
Por eso es necesario abrir los libros contables de las empresas, publicar todos los subsidios y convenios y establecer un control efectivo de los recursos públicos. Los trabajadores y los usuarios tienen derecho a conocer cuánto dinero entra al sistema, cuánto se destina a salarios, cuánto a mantenimiento, cuánto queda como ganancia y qué destino tiene cada peso.
Que la crisis no la paguen los trabajadores
La pelea de los choferes puede convertirse en algo más que un reclamo salarial.
Porque si hay algo que este conflicto está mostrando es que el transporte no puede seguir funcionando como un negocio privado sostenido por fondos públicos.
Los empresarios reciben subsidios. El Municipio aporta recursos. Las empresas reclaman más dinero. Los funcionarios responden que ya pagaron. Y cuando las cuentas no cierran, los trabajadores quedan sin cobrar.
Es una lógica que hay que cuestionar de raíz
Desde una perspectiva de los trabajadores, la salida debería ser avanzar hacia un transporte público estatal, gestionado bajo control de sus trabajadores y usuarios, con salarios y derechos garantizados, mantenimiento adecuado, frecuencias y recorridos definidos en función de las necesidades de la población y no de la rentabilidad empresaria.
No alcanza con cambiar una concesionaria por otra
Tampoco alcanza con que el Municipio transfiera nuevos fondos para apagar momentáneamente el conflicto.
Hay que discutir quién controla el transporte, para quién funciona y quién decide sobre los recursos.
“¿Y ahora qué hacemos?”
Ahí aparece quizás la pregunta más importante que deja esta lucha. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para no volver a quedar atrapados entre la empresa, el Municipio y una burocracia sindical que muchas veces llega tarde?
La respuesta no está en esperar otra reunión. Está en fortalecer las asambleas, elegir delegados que respondan directamente ante los trabajadores, garantizar que cada decisión sea discutida colectivamente y unir a todos los sectores del transporte: los trabajadores de Patagonia, los que pasaron a Sol Bus, Diadema y todos los compañeros afectados por el mismo problema.
Que ningún trabajador quede solo. Que ningún compañero cobre mientras otro sigue esperando.
Que las movilizaciones sean decididas por las bases y que la conducción sindical tenga que responder ante ellas. Y que el reclamo por el salario pueda abrir una discusión más profunda con los usuarios: los trabajadores no son responsables de la crisis del transporte y los pasajeros tampoco.
Los choferes necesitan cobrar. Los usuarios necesitan un transporte accesible, seguro y de calidad. Los que no necesitan el transporte público para hacer negocios son los empresarios.
Por eso, frente a quienes pretenden enfrentar a trabajadores con usuarios, hay que construir otra perspectiva: trabajadores y usuarios unidos para recuperar el transporte público de manos de las empresas.
La pelea de los choferes de Comodoro puede ser un punto de partida
No para pedir que el Estado siga subsidiando a las empresas, sino para exigir que los recursos públicos estén bajo control de quienes trabajan y usan el servicio.
Que paguen los empresarios. Que se garantice cada salario, cada liquidación y cada puesto de trabajo. Que ningún compañero quede afuera. Y que sean los trabajadores, junto a los usuarios, quienes empiecen a decidir cómo debe funcionar el transporte público de Comodoro Rivadavia.
Porque, como vienen diciendo los propios trabajadores, la lucha no termina hasta que cobre el último compañero.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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