Italia condena a 32 personas por derrumbe del puente de Génova en 2018

Treinta y dos personas fueron condenadas este jueves a penas de hasta 12 años de prisión por el derrumbe del puente Morandi en Génova, ocurrido en 2018 y que causó la muerte de 43 personas, informó un tribunal local. Entre los condenados se encuentran varios exdirectivos de la empresa de autopistas Autostrade per l’Italia (Aspi), encargada de gestionar el viaducto ubicado en la autopista que conecta Italia con Francia.

El colapso parcial del puente se produjo el 14 de agosto de 2018 a las 11:36 hora local, en medio de una intensa lluvia torrencial, y provocó la caída al vacío de decenas de vehículos.

Giovanni Castellucci, exdirector general de Autostrade y ya preso por otro accidente mortal ocurrido en 2013 en el sur de Italia, recibió la pena más severa. Fue declarado culpable de negligencia y homicidio involuntario tras un proceso que comenzó en 2022 bajo una carpa instalada en el patio del tribunal de Génova. Castellucci, acusado de posponer los trabajos de mantenimiento necesarios, fue condenado a 12 años de cárcel. Ante el tribunal expresó: “Me siento responsable, pero no culpable”, a pesar del informe de los magistrados que investigaron esta tragedia cuyas imágenes se difundieron en todo el mundo.

Los exnúmeros dos y tres de Autostrade per l’Italia también fueron condenados, con penas de cinco años y medio y 11 años de prisión, respectivamente. Además, un antiguo alto cargo del Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes, responsable de supervisar las concesiones de autopistas, recibió una condena de cinco años.

En total, 28 de los 57 acusados fueron declarados culpables y recibieron penas que van desde un año y 11 meses de prisión en adelante, según la agencia de noticias Agi.

Michele Matti Altadonna, hermano de una de las víctimas, declaró tras conocerse el veredicto: “Hoy podemos decir que hay culpables por el asesinato de nuestros seres queridos”. Por su parte, el viceministro italiano de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, enfatizó: “El derrumbe no fue una fatalidad, sino el resultado de graves errores y omisiones por parte de quienes debían garantizar la seguridad” de la infraestructura.

Los magistrados concluyeron que entre la inauguración del puente en 1967 y su derrumbe 51 años después, no se realizaron las intervenciones mínimas de mantenimiento necesarias para garantizar su estabilidad.