La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que plantea cambios profundos sobre internaciones, adicciones y el rol de los profesionales médicos, comenzará a ser debatida desde este miércoles en la Cámara de Senadores.
El proyecto será tratado desde las 16.30 en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, y ya genera posiciones encontradas: mientras familiares de personas con consumos problemáticos reclaman avanzar con la modificación, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos expresan fuertes reparos.
La propuesta oficial busca modificar la ley sancionada en 2010 y pone sobre la mesa un tema sensible: cuándo y en qué condiciones una persona puede ser internada sin su consentimiento.
Internaciones no voluntarias: el cambio más discutido
Uno de los puntos centrales del proyecto es que flexibiliza los criterios para las internaciones involuntarias. La ley actual solo las contempla en casos muy excepcionales y bajo el criterio de “riesgo cierto e inminente”.
La reforma reemplaza ese concepto por uno más amplio: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
El proyecto mantiene que la internación debe ser un recurso terapéutico excepcional, es decir, una última instancia cuando otras intervenciones no sean suficientes.
Además, establece que una internación involuntaria deberá informarse a un juez dentro de las 24 horas, y en 48 horas deberá remitirse toda la documentación correspondiente para control judicial.
Adicciones como parte de la salud mental
Otro cambio fuerte es que incorpora formalmente las adicciones dentro de las políticas de salud mental. El proyecto plantea que el consumo problemático, el abuso o la adicción a sustancias legales e ilegales sea considerado dentro de los abordajes de salud mental, con posibilidad de desarrollar dispositivos específicos de tratamiento, tanto ambulatorios como de internación.
Quienes apoyan esta modificación sostienen que permitiría un abordaje más amplio para personas con consumos problemáticos. Sus críticos advierten que puede abrir la puerta a respuestas más centradas en el encierro que en políticas integrales