May 16, 2022 Universo Radio 89.5 fm Locales, Politica, Zonales 0
Según informó el fiscal Héctor Iturrioz , la audiencia se llevará a lo largo de varios días hasta determinar si la causa se eleva a juicio o se hace lugar al pedido de sobreseimiento planteado por los abogados defensores. La investigación es por presuntas sobre facturaciones de trabajo al municipio.
Este lunes comenzó la audiencia preliminar para determinar si van a juicio los imputados en la investigación por presuntas sobre fracturaciones de trabajo a municipio de Comodoro Rivadavia durante la emergencia climática de 2017. Según informó el fiscal Héctor Iturrioz , la audiencia se llevará a lo largo de varios días hasta determinar si la causa se eleva a juicio o se hace lugar al pedido de sobreseimiento planteado por los abogados defensores, mientras que la fiscalía considera que en la mayoría de los casos se cobró al municipio por el doble de los trabajos efectivamente realizados.
“Son 11 los imputados hasta el momento –precisó el fiscal de la causa-, entre los que hay ex funcionarios y empresarios. El objeto de la causa es desentrañar lo que para el Ministerio Público Fiscal fue el fraguado de documentación con la cual se incrementó la cantidad de trabajos de movimiento de suelo para remediar las consecuencias del temporal”. Según se informó desde la agencia de prensa de la Fiscalía, entre los imputados se encuentran los ex funcionarios Abel Boyero y Rubén Palomeque; y desde el sector empresario que prestó servicios en aquellos días, Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara. “Lo que detectamos en la investigación es que en la mayoría de los casos se certificó más del doble de los trabajos realizados: hay choferes que trabajaban 24 horas seguidos, empresas que tenían 10 camiones y facturaban por 20”, señaló a modo de ejemplo, el impulsor de la acusación pública. Los hechos investigados están encuadrados, en principio, como “fraude a la Administración Pública, en concurso real con falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
El origen de la denuncia
La denuncia había sido formulada por el ex funcionario nacional Fernando Álvarez de Celis cuando cuestionó la contratación de la consultora Forever Pipe. Según Iturrioz, “en ese planteo aportó documentación sobre la empresa de los hermanos Pérez, que tenían una disputa pública con el municipio, porque le reclamaban 30 millones de pesos y el municipio les reconocía sólo 4 millones. Pero después, en un listado que enviaron el (entonces intendente) Linares y (su secretario de Infraestructura) Boyero, al ministro Rogelio Frigerio, reconocían una deuda de 23 millones de pesos. Sin embargo, la Asesoría Letrada del municipio hizo una denuncia acusando a los hermanos Pérez, pero se olvidó que había funcionarios involucrados”. Para el fiscal, “es necesario que se eleve a juicio este caso, son muchos los imputados y los hechos a determinar, por lo que nos va a llevar varios días esta audiencia preliminar, en los que presentaremos la acusación y ellos ofrecerán prueba para fundar el pedido de sobreseimiento, que tendrá que resolver la jueza del caso”.
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